El Presidente José Antonio Kast promulgó este martes la ley que modifica las normas sobre flagrancia y amplía de 12 a 24 horas el plazo en que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) pueden realizar una detención sin orden judicial en los casos establecidos por la legislación.
La normativa corresponde a la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que completa su tramitación en el Congreso y es promulgada como ley.
Con el cambio, el plazo se extiende también para la Autoridad Marítima, que podrá actuar dentro de un período de hasta 48 horas en los casos contemplados por la nueva legislación. La modificación implica cambios al Código Procesal Penal respecto de las condiciones asociadas a la flagrancia.
La ley incorpora además nuevas facultades para las policías durante las primeras diligencias. Entre ellas se encuentra la posibilidad de requerir, sin instrucción previa del fiscal, la entrega voluntaria de registros captados por cámaras de vigilancia de comercios y domicilios.
También podrán solicitar información entregada por testigos y determinados datos de georreferenciación que permitan localizar a personas u objetos relacionados con un delito.
En caso de que una persona entregue voluntariamente estos antecedentes, los funcionarios policiales deberán dejar constancia mediante un acta y entregar una copia. Si la solicitud es rechazada, la policía deberá comunicar la situación al fiscal correspondiente. La normativa también establece obligaciones respecto del resguardo y custodia de los registros obtenidos.
La ampliación del período de flagrancia había sido anunciada por el Gobierno como parte de su agenda de seguridad. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre, con 125 votos favorables, y posteriormente el Congreso despachó la iniciativa para su promulgación.
Durante la promulgación, realizada en el Palacio de La Moneda, el Presidente destacó la entrada en vigencia de la nueva normativa y vinculó su implementación con las medidas impulsadas por su administración en materia de seguridad.
Con la promulgación, la modificación pasa a formar parte del marco legal vigente y entrega a las policías un período más amplio para realizar detenciones en situaciones de flagrancia, además de nuevas herramientas para recopilar antecedentes durante las primeras diligencias de una investigación.
