El Juzgado de Garantía de Concepción condenó a cinco años y un día de presidio efectivo a Roberto Carlos Ruiz Lizama, uno de los propietarios del centro médico de salud integral y estética Novakimen Limitada, por una serie de delitos vinculados a licitaciones para la realización de exámenes de imagenología en la Región del Biobío.
La sentencia fue dictada en un procedimiento abreviado, al que adhirieron todos los intervinientes, y contempla además una multa de 30 UTM y el comiso de los bienes relacionados con los delitos.
Ruiz Lizama fue condenado como autor de los delitos consumados y reiterados de fraude de subvenciones, usurpación de identidad y uso malicioso de documento público falso. Los hechos ocurrieron entre marzo y diciembre de 2022 en la comuna de Concepción.
De acuerdo con el requerimiento presentado por el Ministerio Público, durante ese período el condenado postuló a 10 licitaciones convocadas por distintas municipalidades y direcciones de salud del Biobío para la compra de exámenes de imagenología, principalmente ecografías ginecológicas y mamarias.
Para obtener las adjudicaciones, según estableció la investigación, se habría presentado documentación con información falsa, entre ella resoluciones exentas que contenían autorizaciones que no eran reales y antecedentes sobre profesionales que supuestamente realizarían los exámenes.
Sin embargo, siete de las personas que finalmente ejecutaron las prestaciones no contaban con la especialidad necesaria para efectuar los diagnósticos correspondientes.
Según los antecedentes expuestos en la causa, esta situación afectó aproximadamente a 1.349 mujeres de la Región del Biobío. En algunos casos, los resultados habrían descartado la presencia de cáncer pese a que las pacientes sí padecían la enfermedad.
Novakimen obtuvo las licitaciones correspondientes al Hospital Intercultural Kallvu Llanka, el Servicio de Salud Arauco, el Departamento de Salud de Talcahuano y las municipalidades de Concepción, Contulmo, San Pedro de la Paz, Lota, Curanilahue, Los Álamos y Talcahuano.
El perjuicio económico para el Estado también fue considerado en la investigación. El Ministerio Público estimó en al menos 201,3 UTM el monto correspondiente a los casos en que las entidades públicas efectuaron los pagos al centro médico. En aquellos procesos donde los pagos no llegaron a concretarse debido al descubrimiento del fraude, los montos involucrados alcanzaban las 597,97 UTM.
Además de la pena de cárcel y la multa, el tribunal impuso a Ruiz Lizama la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y para ejercer sus derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
