La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que operan en Chile, con el objetivo de determinar si incurrieron en eventuales incumplimientos en las decisiones de inversión vinculadas a las pérdidas registradas en los fondos previsionales D y E.
La medida se adoptó luego de que el organismo concluyera las acciones de fiscalización relacionadas con la caída en el valor de estos multifondos. La investigación busca establecer si las administradoras respetaron el deber de lealtad y diligencia establecido en el artículo 147 del Decreto Ley N.º 3.500 y en la Norma de Carácter General N.º 340, vigente desde julio de 2025.
La legislación establece que las AFP deben realizar las gestiones necesarias para resguardar la rentabilidad y seguridad de los recursos que administran, actuando en beneficio de los fondos y sus afiliados.
Entre las obligaciones que serán examinadas se encuentran la protección de los ahorros previsionales, la prevención de conflictos de interés y la aplicación de estándares de cuidado en las decisiones de inversión.
Caídas en los fondos D y E
Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, entre enero y septiembre de 2026 el Fondo E registró una rentabilidad real negativa de 10,39%, mientras que el Fondo D anotó una caída de 6,38%.
El escenario se relaciona, entre otros factores, con operaciones financieras vinculadas a las tasas de interés de Estados Unidos. Según antecedentes publicados por Bloomberg y recogidos por medios nacionales, los contratos derivados conocidos como swaps acumulaban pérdidas de valoración cercanas a los US$7.700 millones a septiembre.
Estas operaciones estaban asociadas a las expectativas sobre la evolución de las tasas de interés. Sin embargo, los movimientos del mercado fueron distintos a los previstos, afectando el valor de las posiciones financieras.
El Fondo E, considerado el más conservador del sistema, concentra principalmente inversiones de renta fija y suele ser utilizado por personas próximas a la jubilación o que buscan una menor exposición al riesgo. Por esa razón, la caída ha generado preocupación respecto del efecto en los ahorros de sus afiliados.
Investigación no implica sanciones definitivas
El inicio de los procedimientos no significa que las AFP hayan sido declaradas responsables de las pérdidas. La Superintendencia deberá analizar los antecedentes de cada administradora y determinar si existieron infracciones a la normativa vigente.
El caso también ha generado reacciones en el ámbito político. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la investigación y sostuvo que corresponde esclarecer si hubo incumplimientos en la administración de los recursos previsionales.
En paralelo, parlamentarios han solicitado información sobre las operaciones financieras, las medidas de fiscalización adoptadas y el impacto de las pérdidas en los fondos.
El resultado de los procesos podría determinar eventuales sanciones, dependiendo de los incumplimientos que logre acreditar el organismo regulador.
