La Fiscalía Regional del Biobío solicitó penas que suman más de ocho años de presidio para el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, a quien acusa de 21 delitos reiterados de cohecho en el marco del denominado caso Puerto Coronel.
Según la acusación del Ministerio Público, Chamorro habría recibido pagos por un total de $82 millones entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, mientras ejercía como jefe comunal. Por estos hechos, la Fiscalía pide dos penas de cuatro años y un día de presidio, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas y el comiso de parte de las ganancias que presuntamente obtuvo.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, los pagos se habrían realizado en efectivo y provenían de recursos de Puerto Coronel. Estos fondos habrían sido canalizados mediante una empresa proveedora, a través de facturas por servicios que, según la acusación, no se habrían prestado.
El escrito fiscal divide los hechos atribuidos a Chamorro en dos grupos: 18 episodios ocurridos entre mayo de 2022 y julio de 2023, y otros tres registrados entre septiembre y noviembre de ese año, estos últimos calificados bajo la normativa de delitos económicos.
La acusación comprende a siete imputados. Además de Chamorro, figuran el exconcejal de Coronel Eduardo Araya; el expresidente del directorio de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig; el exgerente general Javier Anwander; el entonces gerente de Administración y Finanzas Daniel Chamorro; y los proveedores Víctor Olivares y Hernán Romero.
Para Hartwig, el Ministerio Público solicita penas que, en conjunto, superan los 38 años de cárcel por delitos que incluyen soborno, administración desleal e ilícitos tributarios. En tanto, para Javier Anwander y Daniel Chamorro se piden 18 y 28 años de presidio, respectivamente, mientras que para los proveedores también se solicitan sanciones de cárcel por los delitos que se les atribuyen.
En el caso del exconcejal Eduardo Araya, la Fiscalía sostiene que habría recibido cerca de $70 millones mediante transferencias periódicas y también solicita penas de presidio por cohecho.
Tras la presentación de la acusación, el Juzgado de Garantía deberá notificar a las defensas y fijar la audiencia de preparación del juicio oral.
