Un funcionario de Gendarmería quedó en prisión preventiva tras ser detenido e imputado por presuntos delitos de cohecho relacionados con el ingreso de elementos prohibidos al Centro de Cumplimiento Penitenciario El Manzano, en Concepción.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el ahora exfuncionario habría cobrado cerca de un millón de pesos a cambio de ingresar un teléfono celular al recinto penitenciario. La investigación también permitió establecer antecedentes que derivaron en la imputación por otros delitos.
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público le atribuyó los delitos de cohecho, cohecho agravado, introducción de elementos prohibidos a un recinto penal y tenencia ilegal de municiones. La Fiscalía precisó que los delitos de cohecho fueron imputados en carácter reiterado.
La investigación se extendió durante aproximadamente cuatro meses y fue desarrollada de manera coordinada entre la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y equipos especializados de Gendarmería. Según los antecedentes entregados por la institución, la indagatoria se originó a partir de una denuncia realizada por la propia Gendarmería.
Tras la detención, Gendarmería informó que el funcionario fue dado de baja. Paralelamente, la institución inició un procedimiento administrativo para determinar eventuales responsabilidades internas, mientras la investigación penal continúa en manos del Ministerio Público.
El Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva, considerando que la libertad del imputado constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad de los delitos investigados.
El tribunal estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación, período durante el cual se deberán reunir nuevos antecedentes y establecer la eventual participación de otras personas en el ingreso de elementos prohibidos al recinto penitenciario.
El imputado mantiene su calidad de acusado y será la investigación y el posterior proceso judicial los que determinarán su eventual responsabilidad penal.
