Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta las dependencias de la Municipalidad de Coronel, en el marco del Caso Puerto de Coronel.
El operativo se realizó en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la casa edilicia, donde personal policial retiró artículos electrónicos, y en el domicilio de dos funcionarios municipales, Luis Cortés y Mireya Oyarzún, director y exdirectora subrogante de Obras Municipales, respectivamente.
La diligencia se enmarca en la indagatoria por el caso Puerto Coronel.
Este procedimiento lo efectuó la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Concepción.
El administrador municipal de Coronel, Javier Valencia, mencionó que “tenemos que aclarar es que hoy en el municipio de Coronel no ha existido ningún tipo de allanamiento por parte de la PDI”.
En ese sentido, explicó que “lo que ha ocurrido es la tramitación de una solicitud realizada por el Ministerio Público, donde se requería información a la Dirección de Obras Municipales y como ha sido la tónica de este municipio, hemos accedido a facilitar tanto la información como los equipos que han sido requeridos”.
“Tanto la directora subrogante de ese entonces y el actual director de Obras han accedido a entregar toda la información e incluso se les ha facilitado por parte de la misma PDI vehículos y personal para que puedan ir a sus domicilios y recuperar algún tipo de documentación o de equipos que puedan tener la información que la Policía de Investigaciones está solicitando”, afirmó.
En esa línea, subrayó que existe “toda la voluntad y disposición de parte del municipio para facilitar en cualquier tipo de investigación que algún servicio público lo requiera y es lo que hemos hoy día cumplido en este caso con la Policía de Investigaciones”.
Recordemos, que en noviembre de 2023, la Fiscalía Regional de Biobío recibió una denuncia por eventuales delitos de cohecho en la empresa Puerto Coronel de manos del gerente general de la compañía, Patricio Román, quien había llegado a ese cargo sólo 20 días antes.
Román apuntaba directamente como autor del delito al presidente del directorio y fundador de la empresa, Eduardo Hartwig Iturriaga, quien, según el documento, habría pagado supuestos sobornos al alcalde de Coronel, el socialista Boris Chamorro, a un concejal y a dirigentes sindicales del puerto mediante un complejo esquema que involucraba la emisión de facturas ideológicamente falsas.
En la causa, se debe analizar en las próximas semanas, la ampliación o cierre de la investigación, donde el alcalde Boris Chamoro está imputado por cohecho y se mantiene con arresto domiciliario nocturno, lo que le permite continuar con su rol de jefe comunal.