La Corte de Apelaciones de Concepción mantuvo la prisión preventiva para las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, formalizadas por delitos judiciales en Los Ángeles.
Con esta medida se ratificó la decisión inicial del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que hace una semana, dictaminó la prisión preventiva, tras ser formalizadas por los delitos consumados de asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación. Ilícitos que habría cometido entre 2017 y marzo 2024.
En la audiencia de formalización , que se extendió por seis jornadas, la magistrada Claudia Aguilera González ordenó el ingreso en prisión de Cortés y Romero, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Además, fijó en tres meses el plazo de la investigación.
En tanto, a Patricio Gutiérrez, cónyuge de Susana Cortés y exdefensor penal público jefe de Los Ángeles, imputado como autor de los delitos consumados de asociación delictiva, lavado de activos, soborno, acceso indebido a información y violación de secreto con grave daño a la causa pública, el tribunal le impuso el arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados en la causa, al considerar que solo habría tenido el rol de colaborador en la asociación delictiva y autoría en violación de secreto con grave daño a la causa pública.
Finalmente, el funcionario judicial Nelson Fabián Sáez Reyes, imputado como autor del delito consumado y reiterado de cohecho, quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados, tras el acuerdo alcanzado por su defensa con la fiscalía.
Según la investigación, los imputados se habrían coordinado para acceder de forma indebida a sistemas informáticos de la Defensoría Penal Pública y de la Fiscalía con el objetivo de favorecer la defensa de sus clientes.
En conjunto, los letrados enfrentan cargos por asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y soborno. Además, las abogadas fueron formalizadas por tráfico de drogas, tráfico de armas, obstrucción a la investigación y prevaricación.
