El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca entregar un alivio económico directo a los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable de la población. La iniciativa propone establecer una compensación económica estatal por la compra recurrente de pañales y medicamentos, reconociendo que estos gastos representan una carga ineludible para las familias de menores ingresos.
El proyecto propone la entrega de un reembolso del IVA asociado a la compra de pañales y medicamentos, con un tope definido en base a canastas referenciales de consumo. Este beneficio no constituirá renta ni será imponible, y podrá ser recibido de manera independiente tanto para pañales como para medicamentos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos .
La iniciativa define que podrán acceder al beneficio quienes pertenezcan al 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares. En el caso de los pañales, se contempla tanto a madres de niños de hasta 24 meses como a adultos mayores de 65 años con condiciones médicas acreditadas, mientras que el beneficio de medicamentos estará dirigido a personas que utilicen fármacos incluidos en la cobertura definida por reglamento .
En cuanto a su funcionamiento, el texto establece que el monto del beneficio será el menor entre el IVA efectivamente pagado en las compras y el IVA calculado sobre una canasta de referencia, cuyos parámetros -como precios y consumo- serán fijados por un reglamento. Además, se exigirá que las compras se realicen en el comercio formal, con boleta electrónica, y en el caso de medicamentos, con receta médica vigente .
La administración del sistema estará a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que deberá validar beneficiarios, calcular montos y coordinar la verificación de las compras con el Servicio de Impuestos Internos. El pago se realizará de forma mensual, mediante transferencia electrónica al Bolsillo Familiar Electrónico .
Desde el punto de vista fiscal, el proyecto fija un tope de gasto anual de 100 millones de dólares durante su primer año de vigencia, monto que será financiado con recursos del presupuesto público y ajustado en los años siguientes según el crecimiento de los ingresos fiscales .
Asimismo, la iniciativa contempla sanciones para quienes accedan indebidamente al beneficio, incluyendo la restitución de los montos percibidos, reajustes e intereses, además de eventuales responsabilidades penales en caso de fraude .
Finalmente, el proyecto establece que la ley entrará en vigencia una vez dictado el reglamento correspondiente, el que deberá elaborarse dentro de un plazo de cuatro meses desde su publicación.
