El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, reveló graves irregularidades en el proceso judicial iniciado contra la Fundación ProCultura para recuperar casi $1.000 millones de pesos. Según indicó, durante más de un año no se realizaron acciones efectivas, situación que calificó como un perjuicio concreto al patrimonio regional.
A su llegada al cargo, Sergio Giacaman solicitó información sobre el estado de la demanda anunciada públicamente en febrero de 2024 por el exgobernador Rodrigo Díaz. Pese a los compromisos comunicados durante el proceso de traspaso, una revisión de los antecedentes demostró que la acción judicial nunca fue notificada ni tramitada, dejando en suspenso la recuperación de los $990.448.684 que habían sido entregados a la Fundación ProCultura.
“Cuando asumimos solicitamos información actualizada sobre el estado de la demanda. Sin embargo, al revisar los antecedentes, no solo detectamos errores de procedimiento, sino que además durante 14 meses no se realizó ninguna acción efectiva”, afirmó Giacaman. Asimismo, criticó la falta de control jerárquico y seguimiento dentro del Gobierno Regional, factores que, a su juicio, impidieron corregir a tiempo las falencias detectadas.
El escenario se agrava considerando que ProCultura figura en múltiples investigaciones del Ministerio Público relacionadas con el denominado caso Convenios, en el que se cuestiona el uso de más de $6.000 millones en tratos a nivel nacional. Ante la gravedad de los antecedentes, Giacaman instruyó corregir el proceso, notificar formalmente la demanda y abrir un sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades administrativas y penales.
La situación también pone en entredicho los procedimientos internos utilizados en los cambios de administración dentro del Gobierno Regional del Biobío, ya que el informe de traspaso no dejó constancia clara del estado real de la demanda. El escrito presentado por la gestión anterior no cumplía con los requisitos mínimos procesales, evidenciando así una cadena de errores que hoy podría tener consecuencias legales y administrativas.
Desde el entorno de Rodrigo Díaz, en tanto, señalan que sí se iniciaron acciones legales y se entregó la documentación pertinente a la nueva administración. Sin embargo, el exgobernador declinó referirse directamente al tema cuando fue consultado por este medio.