Un exfuncionario de Gendarmería y otras dos personas de su círculo familiar quedaron en prisión preventiva, tras ser formalizados en una investigación por una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el Gran Concepción y al interior del Complejo Penitenciario Biobío, conocido como cárcel El Manzano.
La investigación permitió detener a seis personas en procedimientos realizados en Concepción, Coronel y San Pedro de la Paz. De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el exgendarme habría liderado la organización, en la que también participarían su pareja y su madre. Los otros tres detenidos quedaron sujetos a medidas cautelares que no fueron detalladas en los antecedentes disponibles.
La causa considera presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, asociación criminal, tenencia ilegal de municiones y lavado de activos. Según la Fiscalía, las diligencias permitieron establecer la existencia de transacciones de sustancias ilícitas y de domicilios utilizados para su almacenamiento, además de indagar el ingreso y la comercialización de drogas al interior del recinto penitenciario.
Durante los operativos, la Policía de Investigaciones incautó más de dos mil dosis de cocaína, ketamina y otras sustancias, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo, municiones y tres vehículos. También se encontraron especies vinculadas a Gendarmería, entre ellas tarjetas de identificación y una placa de servicio.
El imputado se desempeñaba como cabo segundo y contaba con aproximadamente 15 años de servicio en la institución. Sus funciones estaban relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad y no con labores permanentes al interior del Complejo Penitenciario Biobío. Tras conocerse los antecedentes, Gendarmería inició su desvinculación y manifestó que mantiene una política de tolerancia cero frente a conductas delictivas de sus funcionarios.
El tribunal decretó la prisión preventiva para el exfuncionario, su pareja y su madre, mientras que el plazo de investigación quedó fijado en seis meses. La indagatoria continúa en desarrollo y no se descarta la participación de otras personas en los hechos investigados.
