Quien se desempeñaba como jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, fue destituido de su cargo luego de que una investigación administrativa acreditara la existencia de tráfico de influencias y el traspaso de información reservada hacia un estudio jurídico que representaba a imputados por delitos de narcotráfico.
La medida disciplinaria fue propuesta por la fiscal del sumario y ratificada por la defensora nacional, Verónica Encina. Así concluye un proceso que se extendió por cerca de cinco meses, tras su apertura a fines de abril por instrucción del entonces defensor nacional (s), Osvaldo Pizarro.
La indagatoria interna determinó que Gutiérrez traspasó información privilegiada a su esposa, la abogada Susana Cortés, quien es socia en esa oficina junto a Andrea Romero, cónyuge a su vez del exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, también destituido del Ministerio Público tras una investigación interna del organismo persecutor.
La cuestionada relación entre la Defensoría, la Fiscalía y la jueza de Garantía, Cherie Palomera, con el estudio de abogadas, es a su vez objeto de una investigación criminal por la supuesta comisión de delitos, entre ellos la violación de secreto, cohecho, tenencia ilegal de armas y hasta tráfico de drogas.
El vínculo entre la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía y una magistrada del Juzgado de Garantía de Los Ángeles se encuentra actualmente bajo una investigación penal dirigida por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, que indaga eventuales delitos de violación de secreto, cohecho, tenencia ilegal de armas e incluso tráfico de drogas.
En esta causa —que aún no ha sido formalizada— figuran como imputados Patricio Gutiérrez y Rodrigo Durán; sus esposas, Andrea Romero y Susana Cortés; y la jueza de Garantía, Cherie Palomera, quien además es objeto de una investigación paralela instruida por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Los detalles de la indagatoria fueron dados a conocer en abril de 2024, tras un allanamiento que afectó a la Fiscalía de Los Ángeles. La medida permitió confirmar que ambas abogadas habrían recibido información privilegiada para la defensa de sus clientes.
