La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por una adulta mayor a raíz de los ladridos del perro de su vecina. La justicia calificó los ruidos molestos como “violencia sorda”.

El tribunal determinó que la exposición constante a los ruidos de la mascota puede derivar en una serie de problemas de salud, como estrés, ansiedad y agravar patologías médicas existentes, especialmente considerando su edad y posibles condiciones de salud agravadas por la falta de descanso.

Además, se hizo hincapié en que la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía establece obligaciones para los dueños de animales, incluyendo la responsabilidad de evitar que estos causen daños o molestias a terceros, lo que fundamentó la resolución judicial.

Asimismo, se determinó que será la municipalidad de Hualpén quien supervisará el cumplimiento de las medidas ordenadas, garantizando que la convivencia entre vecinos y animales no afecte los derechos fundamentales ni la calidad de vida de las personas que comparten el entorno.