Los esperados corredores de transporte público del Gran Concepción continuarán adelante, pero con nuevos plazos luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmara el cambio en el modelo de ejecución de los proyectos, que pasarán desde el sistema de concesiones a ser desarrollados directamente como obras públicas.
El anuncio fue realizado este viernes por el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, quien explicó que la decisión permitirá optimizar los recursos fiscales y generar un ahorro superior al 20% en los costos directos de inversión. La ejecución quedará a cargo de la Dirección de Vialidad.
El cambio, sin embargo, tendrá consecuencias en los calendarios inicialmente previstos. De acuerdo con el MOP, los proyectos experimentarán retrasos que fluctuarán entre dos y 11 meses. El corredor de la Ruta 160 tendría una extensión aproximada de dos meses, mientras que la Ruta 150 acumularía un retraso cercano a los 11 meses.
Pese a estas modificaciones, el Gobierno aseguró que las etapas de ingeniería se mantienen proyectadas para el periodo entre 2027 y 2028, mientras que las iniciativas seguirán siendo consideradas prioritarias para mejorar la movilidad y enfrentar los problemas de congestión que afectan al Gran Concepción.
El ministro De Grange señaló que el nuevo modelo también permitirá priorizar las intersecciones, cruces y desniveles que presentan mayores problemas de congestión, mediante un trabajo conjunto con el Gobierno Regional y los municipios involucrados. La idea es concentrar los primeros esfuerzos en los puntos que generan mayores dificultades para el desplazamiento de los usuarios.
Los proyectos consideran intervenciones en ejes estratégicos de la zona, entre ellos la Ruta 160, la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano, corredores que buscan mejorar las condiciones de circulación del transporte público y reducir los tiempos de viaje.
La modificación también ha generado inquietud entre actores regionales debido a los nuevos plazos. El cambio de modalidad se produce después de que el proceso que contemplaba concesiones privadas avanzara hacia una ejecución directa por parte del Estado.
De esta manera, el Gobierno defiende que el traspaso a obra pública permitirá reducir costos y focalizar las inversiones, mientras que autoridades y usuarios deberán enfrentar nuevos plazos para la concreción de proyectos considerados fundamentales para solucionar parte de los problemas de conectividad y congestión del Gran Concepción.
