La Contraloría General de la Republica (CGR) emitió un informe este lunes que determinó que 910 funcionarios administradores de fondos públicos apostaron en casinos a pesar de tener prohibición de efectuar apuestas entre enero de 2024 y junio de 2025.
El informe constató que esta cifra corresponde a 371 entidades públicas y municipales que realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos por un monto total de $11.490.456.871.
Del total de 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto total transaccionado ($11.118.431.956) y las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones. Es por esto que estos casos se remitirán al Ministerio Público.
La metodología utilizada por Contraloría para constatar esta situación se basó en el cruce de información entre el registro de funcionarios que administran fondos públicos y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos de juego, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
La Fuerza Aérea de Chile, Carabineros, la Dirección de Aeronáutica Civil, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones y las municipalidades son los servicios públicos que lideran los montos transados.
En total, los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos. En Chiguayante se detectó a 6 funcionarios que realizaron apuestas por un total de $225.076.843, mientras que en Concepción fueron 5 funcionarios con transacciones que alcanzaron los $222.353.433.
Dentro de los casos más llamativos aparece un Inspector General de la Municipalidad de Concepción, quien registró movimientos por $198.787.843 y un profesional de la Municipalidad de Chiguayante, con transacciones que alcanzaron los $193.096.310.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría remitirá a la SCJ el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que lleven a cabo la fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.
Asimismo, enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, con el objetivo de que inicien los procedimientos investigativos que determinen eventuales responsabilidades administrativas.
Adicionalmente, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
