Gobierno Regional del Biobío obtuvo un 100% de cumplimiento en la evaluación general de transparencia activa realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), resultado que lo posicionó en el primer lugar entre los 16 gobiernos regionales del país.
La medición consideró la publicación de información establecida por la Ley de Transparencia, entre ella antecedentes sobre funcionarios y remuneraciones, compras, contratos, transferencias, presupuesto, auditorías y mecanismos de participación ciudadana. El resultado representa un aumento de 9,4 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando el GORE del Biobío alcanzó un 90,6%.
No obstante, el CPLT realizó además una evaluación independiente sobre obligaciones específicas de transparencia presupuestaria establecidas en la Ley de Presupuestos 2026. En esta revisión se detectó una brecha relacionada con la información sobre el uso de los recursos provenientes del royalty minero.
Según el organismo, el GORE del Biobío cumple con publicar información correspondiente a concursos públicos y proyectos adjudicados, además de los antecedentes remitidos por instituciones privadas que reciben transferencias superiores a 2.000 UTM. Sin embargo, no cumple con publicar los informes exigidos sobre la ejecución de los recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, fondo financiado mediante los ingresos del royalty a la minería.
De esta manera, el 100% obtenido por el Gobierno Regional corresponde exclusivamente a la evaluación general de transparencia activa, mientras que la observación sobre los recursos del royalty deriva de una fiscalización presupuestaria adicional. Ambas mediciones consideran obligaciones distintas.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, valoró el resultado alcanzado por el Biobío en la evaluación general, pero enfatizó que este no exime al Gobierno Regional de cumplir con las obligaciones adicionales de transparencia presupuestaria.
A nivel nacional, solo los gobiernos regionales de La Araucanía y Magallanes cumplieron con las tres obligaciones presupuestarias específicas revisadas por el CPLT. Los otros 14 GORE presentaron información incompleta o no publicaron alguno de los antecedentes requeridos.
La fiscalización se desarrolló durante febrero y marzo de 2026, mediante la revisión de los sitios web de los gobiernos regionales y de los registros disponibles en el Portal de Transparencia del Estado.
En la evaluación general, los 16 gobiernos regionales alcanzaron un promedio nacional de 92,27% de cumplimiento, cifra que representa un incremento de 16,2 puntos porcentuales respecto de 2025 y el mejor resultado registrado por el sector desde 2015.
El Consejo para la Transparencia es un organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ante eventuales infracciones, puede iniciar procedimientos sancionatorios y, luego del respectivo proceso, aplicar multas cuando corresponda.
