Sin multa despachó la Sala de la Cámara, a segundo trámite, el proyecto que modifica la Ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios. Su objetivo principal era imponer una sanción al incumplimiento de la obligación de votar.
El texto nació como una moción impulsada por la diputada Joanna Pérez, que también la firman Catalina Pérez y Jaime Mulet, junto a otros exlegisladores/as.
La iniciativa, aprobada en general el pasado 14 de julio, presentaba una nueva redacción que acotaba la sanción a los “ciudadanos” mayores de 18 años.
Por medio de dicha precisión, impulsada por la diputada Pérez y el diputado José Miguel Castro, quedaban excluidos de multa los extranjeros con derecho a voto. La razón es que el término “ciudadanos” comprende a los chilenos y a los extranjeros nacionalizados.
La multa propuesta, a beneficio municipal, era de media a tres unidades tributarias mensuales. Es decir, entre 34 mil y 206 mil pesos, aproximadamente.
Sin embargo, en la votación del articulado por el Pleno de la Cámara, esta norma de rango constitucional no alcanzó los 77 votos favorables exigidos como mínimo. Solo registró 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones.
Con este rechazo, tampoco avanzaron el conjunto de disposiciones relacionadas, que apuntaban, en lo principal, a las excepciones en que no se aplicaría la multa por no votar y los procedimientos para presentar las excusas.
Pese a que aún había 17 diputadas y diputados inscritos para intervenir, se solicitó el cierre del debate. Este se aprobó por 74 votos a favor y 44 en contra y se procedió a la votación.
En la discusión se manifestaron posiciones polarizadas entre las y los legisladores de sectores de derecha e izquierda, con actores del centro que se sumaron indistintamente hacia una u otra posición. En general, se plantearon posturas acusando cálculo electoral para apoyar o no la normativa.
Sobre los argumentos específicos, los defensores del proyecto señalaron que la propuesta es coherente con la norma constitucional que definió el voto obligatorio. Asimismo, que un electorado participativo y engrosado fortalece la democracia y da legitimidad a las autoridades electas.
Desde la otra visión, se reclamó por el monto de la multa y la falta de educación cívica. De igual modo, se observó que no corresponde que más de 800 mil extranjeros puedan decidir la elección del próximo Presidente de Chile.