La empresa pesquera Camanchaca presentó una demanda contra el Estado, acusando daños por la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento pesquero introducido en la Ley 21.752.
La empresa ligada a la familia Fernández, advirtió en marzo de 2025 —al igual que otras compañías— que iniciaría acciones legales por los negativos efectos que produciría el entonces proyecto de ley de fraccionamiento que impulsaba el Gobierno en el Congreso, el que terminó aprobándolo en junio de ese año.
Esta ley modificó las cuotas de extracción vigentes hasta 2032, según la normativa aprobada en 2013, y las redujo para las compañías industriales y aumentó para el sector artesanal. Así, este año comenzaron a regir los nuevos porcentajes de captura que se mantendrán hasta 2040, de acuerdo con la nueva legislación.
Tras concretarse ese cambio en enero de 2026, Camanchaca activó la primera demanda de indemnización de perjuicios impulsada por una empresa pesquera industrial en contra del fisco de Chile, debido a los daños económicos por los efectos de la ley de fraccionamiento.
Asesorada por el abogado Jorge Bofill, socio del estudio Bofill y Ramos, Camanchaca —una de las pesqueras más relevantes del país— ingresó el sábado una demanda ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, a través de la cual busca resarcimiento ante perjuicios que estima en alrededor de US$ 100 millones.
Desde Camanchaca afirmaron que las modificaciones en el fraccionamiento son especialmente sensibles en el sector del jurel, ya que estaba severamente afectado antes de las modificaciones en 2012 y que, gracias a ellas, se habría recuperado.
Sin embargo, ahora estiman que con las cuotas ya definidas, en 2026 enfrentarán una merma de 33 mil toneladas de jurel.
“Esto no es una discusión ideológica ni un conflicto entre sectores. Es una cuestión de respeto a los derechos adquiridos (…) cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar; no hacerlo es ilegal”, señaló Ricardo García, gerente general de la pesquera.
