El Juzgado de Garantía de Los Ángeles amplió por 72 horas la detención de Mauricio Cerda Albornoz, imputado por su presunta responsabilidad en la muerte del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, ocurrida durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco.
La resolución fue adoptada durante la audiencia de control de detención, instancia en la que el tribunal declaró legal la aprehensión del imputado y fijó para el jueves 8 de octubre, a las 11:55 horas, la audiencia de formalización.
La ampliación fue solicitada por el Ministerio Público debido a que aún existen diligencias pendientes para avanzar en el esclarecimiento de la muerte del funcionario policial. Entre ellas se encuentran el informe de autopsia de Jaime Urrea y los peritajes al arma que habría sido utilizada durante el ataque.
El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, explicó que la investigación apunta a reconstruir la dinámica del procedimiento ocurrido la noche del domingo en Quilleco y establecer las responsabilidades correspondientes.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, una patrulla encabezada por el sargento Urrea concurrió hasta un domicilio luego de una denuncia por violencia intrafamiliar. Posteriormente, los funcionarios regresaron al inmueble tras recibir un segundo llamado que advertía sobre la presencia de un hombre armado.
Según la Fiscalía, al aproximarse los funcionarios hasta una habitación donde se encontraba el imputado, este habría abierto la puerta y efectuado un disparo con una escopeta, alcanzando al sargento Urrea en la zona del cuello. Los otros funcionarios presentes lograron reducir al sujeto y la escopeta fue incautada.
El funcionario fue trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial, pero falleció producto de la gravedad de sus lesiones.
La defensa del imputado se opuso a la ampliación de la detención, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal. Cerda Albornoz permanecerá detenido hasta la audiencia de formalización.
La investigación está a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles, con apoyo del Laboratorio de Criminalística de Concepción, mientras se desarrollan los peritajes destinados a establecer con precisión la dinámica del disparo y las circunstancias del procedimiento.
