El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, fue formalizado este lunes por su presunta participación en el delito de fraude al fisco, en el marco de la investigación conocida como caso Embotelladora Llacolén.
La causa se relaciona con un acuerdo aprobado en 2020 que habría permitido reducir una deuda por concepto de patentes comerciales que la empresa mantenía con el municipio. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la operación habría significado que las arcas municipales dejaran de percibir más de $1.300 millones.
La investigación también considera que, al momento de los hechos, la deuda de la empresa superaba los $2.000 millones.
Además de Chamorro, la Fiscalía formalizó a cuatro exconcejales que integraban el concejo municipal cuando se aprobó el acuerdo: Ariel Durán, Osvaldo Campos, René Lucero y Francisco Reyes.
A ellos se suma Cristián Pinto, quien se desempeñaba como director jurídico de la Municipalidad de Coronel en esa época.
De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, el alcalde y el entonces jefe jurídico habrían omitido información relevante a los concejales que participaron en la aprobación del avenimiento. Estos antecedentes forman parte de la tesis investigativa que deberá ser examinada durante el proceso judicial.
La formalización comunica a los imputados los hechos por los cuales se desarrolla una investigación penal, pero no constituye una declaración de culpabilidad.
Durante la jornada, las defensas solicitaron el sobreseimiento temporal de la causa, argumentando la existencia de una demanda civil presentada por la empresa contra la Municipalidad de Coronel.
La acción judicial de la compañía cuestiona los cobros de patentes comerciales realizados por el municipio, en un contexto en que la empresa se encontraba en situación de quiebra. Según la postura de las defensas, estos antecedentes deben considerarse al evaluar si los hechos investigados configuran el delito atribuido por la Fiscalía.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Coronel rechazó la solicitud de sobreseimiento temporal, por lo que la causa continuará su tramitación.
Tras la formalización, el tribunal fijó para el viernes 20 de noviembre, a las 09:00 horas, la audiencia en que se debatirán las medidas cautelares que podrían aplicarse a los imputados.
La Fiscalía había señalado antes de la audiencia que evaluaba solicitar medidas cautelares, incluidas algunas privativas de libertad. La decisión sobre cuáles se pedirán y cuáles eventualmente se decretarán deberá conocerse en la instancia correspondiente.
Por ahora, la formalización no implica por sí sola que Chamorro deba dejar el cargo de alcalde. La continuidad de sus funciones y las eventuales restricciones dependerán de las decisiones que se adopten conforme a la ley.
