El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) desarrolla estudios técnicos en la comuna de Lota, para determinar los riesgos asociados a un deslizamiento de tierra y establecer posibles medidas de mitigación para proteger a las familias del sector.

Los trabajos son realizados por profesionales de la Seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, quienes han inspeccionado el terreno y las viviendas cercanas al derrumbe. La evaluación considera especialmente a las familias que residen en la parte alta del cerro, donde se busca determinar las condiciones de seguridad y habitabilidad de los inmuebles.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Anselmo Villagra, indicó que los antecedentes recopilados permitirán identificar los riesgos existentes y definir las intervenciones necesarias para prevenir nuevos desplazamientos de tierra.

Como parte de las labores, el MINVU está utilizando drones para realizar levantamientos topográficos y obtener información detallada sobre las características del suelo.

Las evaluaciones abarcan el punto donde se produjo el deslizamiento, las viviendas ubicadas en la parte superior y los sectores aledaños. Además, se están desarrollando nuevos levantamientos para detectar posibles grietas y cambios en la superficie del terreno.

Otro aspecto considerado es el comportamiento de las aguas lluvias, debido a su posible incidencia en la estabilidad del suelo y en la evolución del deslizamiento.

Con estos antecedentes, el ministerio busca determinar qué obras podrían ejecutarse para reducir los riesgos. Entre las alternativas en análisis se encuentran intervenciones para mejorar la evacuación de aguas lluvias y estabilizar un talud ubicado en la parte alta del sector.

La ejecución de estas obras y las medidas específicas que podrían afectar a las viviendas más próximas a la quebrada dependerán de los resultados de los estudios técnicos.

Paralelamente, el MINVU está revisando la situación de las familias cuyas viviendas podrían verse comprometidas por el avance del deslizamiento.

De acuerdo con lo informado por la autoridad regional, si las evaluaciones determinan que un inmueble no reúne las condiciones de seguridad necesarias para ser habitado, se podrá gestionar un subsidio de arriendo para facilitar el traslado temporal de sus residentes.

En los casos en que los daños impidan recuperar la vivienda o continuar habitando el terreno, también se podrán estudiar alternativas habitacionales definitivas, como la adquisición de otra propiedad o el acceso a una nueva solución de vivienda.

La aplicación de estas medidas dependerá de la evaluación de cada caso y de los antecedentes que se obtengan durante el proceso.

Las autoridades señalaron que las decisiones sobre las obras de mitigación y el eventual traslado de las familias se adoptarán una vez que se cuente con información técnica suficiente para determinar la magnitud de los riesgos.

Mientras continúan los estudios, el foco está puesto en establecer las condiciones del terreno, evaluar la estabilidad de las viviendas y definir las medidas necesarias para evitar que nuevos desplazamientos de tierra pongan en peligro a los residentes.

El resultado de las evaluaciones permitirá determinar tanto las intervenciones que podrían realizarse en el sector como los apoyos habitacionales que corresponderían a las familias afectadas.