Una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío detectó una serie de irregularidades y deficiencias de control en la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad, conocido como ProEmpleo, iniciativa destinada a generar puestos de trabajo en la región.
El Informe Final N°180 de 2026 estableció que 1.044 personas que participaron del programa no cumplían los requisitos establecidos para acceder al beneficio. Entre los casos identificados aparecen personas que recibían rentas u honorarios de otras entidades, mantenían más de un empleador o percibían pensiones por sobre los límites fijados por la normativa.
La revisión también detectó problemas en los mecanismos utilizados para incorporar y reemplazar beneficiarios. Según el informe, no existían procedimientos formalizados para estos procesos y se identificaron 343 beneficiarios vinculados con 138 dirigentes sindicales que participaban en el programa. Además, otros 116 beneficiarios mantenían relaciones familiares con personas vinculadas a entidades ejecutoras privadas.
Otro de los hallazgos corresponde a 813 personas contratadas en establecimientos educacionales sin que se acreditara su idoneidad psicológica para las funciones desarrolladas. El organismo fiscalizador también detectó nueve beneficiarios que registraron salidas del país durante períodos en que se encontraban con licencia médica.
Las deficiencias también alcanzaron la supervisión de los puestos de trabajo. La auditoría constató que 15 recintos se encontraban cerrados, lo que impidió comprobar la presencia de 75 beneficiarios, mientras que otras 33 personas no se encontraban en sus lugares de trabajo y no existía una justificación registrada. También se observaron problemas en la tramitación de convenios con entidades ejecutoras privadas.
En materia financiera, la Contraloría detectó $4,6 millones en bonos de movilización pagados a personas que estaban con licencia médica. A esto se suman transferencias por más de $4,4 millones correspondientes a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios depositados en cuentas de personas naturales, situación que el organismo consideró contraria a la normativa vigente.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles para iniciar un sumario administrativo, procedimiento que deberá establecer si existen responsabilidades administrativas. Además, informó que remitirá los antecedentes al Ministerio Público ante la eventual existencia de hechos que pudieran constituir ilícitos.
