Este mayo se cumplen tres años desde que el Gobierno decretó el Estado de Excepción en las provincias de Biobío, Arauco y La Araucanía, una medida que en sus inicios fue resistida por la actual administración, pero que hoy es defendida como necesaria para enfrentar la violencia rural. En ese contexto, la Armada y el Gobierno Regional del Biobío reafirmaron su compromiso con la continuidad de la presencia militar en la zona, especialmente luego de nuevos atentados como el ocurrido en la Central Rucalhue.
El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, sostuvo en los medios que la medida debe mantenerse “hasta lograr una robustez institucional por parte del Estado en materia de seguridad”. Junto con valorar el despliegue de las Fuerzas Armadas, hizo un llamado al Parlamento a avanzar en leyes que fortalezcan el rol del Estado en esta materia, como la Ley de Infraestructura Crítica y la normativa sobre Reglas del Uso de la Fuerza.
Desde la Armada, el contraalmirante Arturo Oxley destacó que la presencia militar ha permitido disminuir los hechos de violencia rural, pese a hechos graves como el triple homicidio de carabineros en Cañete o la quema de maquinaria en Rucalhue. También explicó que se ha iniciado una mesa de trabajo con el sector privado para fortalecer la seguridad en la central eléctrica afectada, y se mantiene una coordinación con Carabineros para proteger rutas y zonas críticas.
El Estado de Excepción, prorrogado 57 veces desde mayo de 2022, ha representado una inversión estatal significativa, más de $23 mil millones según estimaciones, pero también ha sido respaldado ampliamente por los habitantes de la zona, quienes valoran la mayor presencia de efectivos en labores de vigilancia y control. El balance del Ministerio de Seguridad Pública indica que los eventos de violencia rural han disminuido en un 67% desde 2021, y un 49% solo en lo que va de 2024, en comparación con el año anterior.
A pesar de esos logros, la persistencia de ataques violentos muestra que la situación en la Macrozona Sur sigue siendo crítica. Diversas autoridades coinciden en que el Estado no puede asumir esta situación como una nueva normalidad, y que se deben redoblar los esfuerzos para desarticular a los grupos armados que siguen operando en el territorio, afectando a personas, comunidades y empresas.
El gobierno del Presidente Gabriel Boric, que en sus inicios cuestionó el uso de esta herramienta constitucional, ha asumido una postura pragmática en favor de su mantención. La evolución del conflicto y los aprendizajes de estos años han llevado a un giro en el enfoque oficial, reconociendo que la violencia debe enfrentarse con todas las herramientas legales disponibles, sin dejar de lado la necesidad de avanzar en soluciones políticas de largo plazo.
