La iniciativa busca enfrentar el bajo crecimiento de la última década mediante medidas tributarias, sociales y de impulso a sectores clave como la construcción.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio a conocer los principales lineamientos del proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, impulsado por el Gobierno tras el anuncio del Presidente de la República, José Antonio Kast. La propuesta surge en un contexto de bajo dinamismo económico, con un crecimiento promedio cercano al 2% en los últimos años, lo que, según la autoridad, exige una estrategia integral para revertir la tendencia.
Desde el Ejecutivo plantean que el objetivo central del plan es reactivar la economía a través del fortalecimiento de la inversión, la generación de empleo formal y el aumento de los ingresos, junto con reforzar el sistema de seguridad social. Para ello, el proyecto se estructura en distintos ejes que combinan incentivos económicos, medidas sociales y ajustes regulatorios.
Uno de los pilares contempla recursos por $400 mil millones destinados a la reconstrucción de zonas afectadas por incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso. Este financiamiento se obtendría mediante mecanismos voluntarios, como incentivos a las donaciones, la declaración de activos en el exterior y la repatriación de capitales, descartando la creación de nuevos impuestos obligatorios.
En materia de reactivación sectorial, el plan propone medidas para dinamizar la construcción, entre ellas la eliminación temporal del IVA a la venta de viviendas nuevas, con el fin de reducir el stock disponible y recuperar empleos en el rubro. A nivel social, se incluye la exención de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda, con compensación estatal a los municipios para resguardar sus ingresos.
El proyecto también incorpora iniciativas orientadas a mejorar la competitividad empresarial, como la reducción progresiva del impuesto de primera categoría para empresas y la creación de un crédito tributario enfocado en el empleo formal, especialmente dirigido a pequeñas y medianas empresas. A esto se suman garantías para fomentar la inversión, como la invariabilidad tributaria a largo plazo y ajustes en la normativa ambiental para reducir la incertidumbre en proyectos de gran escala.
Finalmente, el plan considera medidas de contención del gasto público, entre ellas la eliminación de ciertos beneficios tributarios y una pausa en la incorporación de nuevas instituciones al sistema de gratuidad en educación superior, en un intento por equilibrar las finanzas fiscales frente al aumento sostenido de este tipo de desembolsos.
