La pesquera Blumar demandó al Estado de Chile tras la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento Pesquero promulgada en 2025.
La firma está acusando que la nueva normativa alteró anticipadamente el marco regulatorio definido en 2013, el cual establecía reglas de operación y distribución de cuotas proyectadas, al menos, hasta el año 2032, sin contemplar compensaciones por el cambio.
La acción judicial llega luego de la reciente demanda de Camanchaca contra el Estado, donde pidió una indemnización por unos US$100 millones. En la misma línea, la firma alegó que el Estado dispuso inicialmente de reglas con las que Camanchaca tomó decisiones importantes, y luego estas se cambiaron. “Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”, apuntó Camanchaca esos días.
Según expuso la compañía Blumar, el estatuto aprobado en 2013 significó una modernización relevante del sistema pesquero nacional, en el marco de la cual el sector industrial —de acuerdo a Blumar— renunció a autorizaciones indefinidas para acogerse a un régimen de licencias con vigencia y condiciones determinadas por 20 años, promoviendo un uso más sostenible y regulado de los recursos, bajo reglas explícitas y conocidas.
Ese marco, subrayó la empresa, fue la base sobre la cual se adoptaron decisiones de inversión, empleo y desarrollo regional, tras diversas instancias de diálogo convocadas por el propio Estado.
Sin embargo, la nueva ley modifica dicho régimen antes del plazo comprometido, sin mecanismos de indemnización, lo que “configura una afectación patrimonial grave, equivalente a una expropiación regulatoria, lo que vulnera principios esenciales de seguridad jurídica que el Estado debe garantizar”, señalaron desde la firma.
En cuanto a los impactos económicos, Blumar indicó que los efectos de la modificación normativa están siendo evaluados por expertos independientes, considerando factores como la reducción anticipada de cuotas, la afectación de derechos originalmente otorgados y nuevas cargas económicas derivadas del cambio legal.
No obstante, de manera preliminar, los estudios estiman un perjuicio del orden de US$ 216 millones, lo que —advirtieron— “compromete la sostenibilidad de la compañía y sus planes de inversión futura”.
La compañía afirma que uno de los proyectos directamente afectados corresponde al desarrollo del jurel destinado a consumo humano en la Región del Biobío, el recurso más impactado por el nuevo fraccionamiento. En particular, Blumar señaló que se ha debido reevaluar una inversión cercana a US$45 millones en Coronel, que contemplaba la generación de 250 empleos directos e indirectos.
