El Juzgado de Garantía de Concepción, en la segunda jornada de formalización, determinó prisión preventiva para 15 ciudadanos colombianos que formaban parte de una asociación criminal dedicada al préstamo de dinero.

Los sujetos fueron detenidos esta semana tras una serie de operativos de Carabineros desarrollados en las regiones del Biobío, Valparaíso, O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos.
Según los antecedentes entregados, la banda de prestamistas ilegales en el último año había enviado al extranjero más de $300 millones obtenidos por su negocio ilícito.

La indagatoria se inició el año pasado, tras un homicidio calificado ocurrido en la localidad de caleta Chome, en Hualpén. Allí apareció mutilado el cadáver de un hombre de nacionalidad colombiana en el maletero de un vehículo.
Durante la investigación de ese crimen se constató que la víctima mantenía un rol de prestamista y que tras su muerte le habrían cercenado un dedo para utilizar su huella y acceder a su domicilio particular.

Entre los imputados figuran Nicolás Antonio Cardona Trujillo, Juan Camilo Cardona Trujillo, Andrés Mauricio Echeverry Cardona, Marcelo León Ospina, Miguel Ángel Bedoya Carvajal, Natalia Valencia Correa, Juan Pablo Ramírez Marín, Juan Diego Landazuri Londoño, María Vanessa Galvis Trujillo, Daniel Henao Betancur y Jann Marcelo León Henao, todos acusados de extorsión, usura, asociación criminal y lavado de activos.
A ellos se suman Adriana Villamil Bedoya, Saira Tatiana Ospina Ospina y Marisol Henao Martínez, imputadas por usura, asociación criminal y lavado de activos, además de Diana Yisel Arcila Correa, acusada de asociación criminal y lavado de activos.
El tribunal argumentó que la prisión preventiva es necesaria por el peligro para la seguridad de la sociedad, riesgo de fuga y para asegurar el éxito de la investigación.

El fiscal de Análisis Criminal del Bío Bío, Mario Elgueta, valoró la decisión del tribunal y explicó que los sujetos fueron formalizados por los delitos de “usura, extorsión, asociación criminal y lavado de activos”.
De esa forma, el tribunal dio por establecidos todos los delitos, así como la participación de cada uno de los imputados.

“Lo importante en este caso es que el Tribunal estimó que al configurarse todos los delitos se configuraba esta organización criminal integrada básicamente por ciudadanos extranjeros”, indicó el persecutor.
El tribunal estableció cuatro meses para la investigación del caso. Al respecto el fiscal Elgueta señaló que “faltan múltiples diligencias que realizar”.

En ese sentido, indicó que ahora orientarán la investigación “desde la perspectiva de las víctimas”.

“Creemos que es un tiempo suficiente y razonable para diligenciar lo que nos queda pendiente”, sostuvo.