Por la unanimidad de 116 votos, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que aumenta las sanciones para los delitos de robo, hurto y receptación de cables, incluídos los de telecomunicaciones.
El texto se originó en una moción de senadoras y senadores, a la cual la Cámara introdujo una serie de modificaciones para ampliar la propuesta. El Senado rechazó estos cambios, originando la conformación de una comisión mixta para resolver estas diferencias.
En esta instancia se acordó reponer en general la propuesta del Senado de actualizar el término telefonía por telecomunicaciones, así como el aumento de la penalidad por el robo, hurto o receptación de cables. Pero también incorporó las agravantes y los cambios a la Ordenanza de Aduanas propuestos por la Cámara.
En ese marco, la normativa aprobada a ley de la República dispone los siguientes cambios al Código Penal:
-Añade a las normas que sancionan el robo, hurto y receptación de cables, los de Telecomunicaciones.
-Aumenta la sanción si el robo o hurto provoca una interrupción de un servicio público o domiciliario.
-Suma como agravante simular ser trabajador de alguna empresa proveedora de dichos servicios.
-Además, modifica la Ordenanza de Aduanas, para combatir el contrabando.
En las modificaciones a las sanciones penales, se dispone que si producto del robo se afecta a una cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años).
También se sanciona como agravante de los delitos de robo o hurto de cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios el ejecutar el ilícito simulando ser trabajador de alguna empresa proveedora o hacer uso de información obtenida como trabajador de la misma.
Además, se modifica el artículo 485, que castiga con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo a quienes causen daños mayores (sobre 40 UTM), para incorporar en este supuesto a quienes provoquen la interrupción o interferencia de uno o más servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telecomunicaciones.
