El gremio constructor espera que el Fogaes Productivo Regional pueda atenuar esta tendencia que se mantiene desde 2016.
Mientras la inversión en infraestructura productiva da señales de recuperación y trae buenas noticias a nivel nacional, la Región del Biobío enfrenta una preocupante desaceleración. Si se compara el año 2025 con periodos previos a la pandemia, la inversión en proyectos de infraestructura productiva en Biobío alcanza los USD 125 millones, es decir, cerca de un 70% menos. Según la actualización a marzo del Catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), esta tendencia podría profundizarse en 2026, con una caída de hasta un 90% y solo USD 52 millones proyectados para inversión local.
“El diagnóstico que nos muestra este informe sugiere la necesidad de medidas de reactivación regional, incentivos a la inversión y nuevos proyectos públicos que revitalicen el sector. En este sentido, estamos expectantes del reciente FOGAES Recuperación Productiva Regional, el cual esperamos permita a grandes y medianas empresas acceder a créditos con mejores condiciones y así reactivar la economía regional. Biobío experimenta una contracción sostenida, tanto en gasto como en inversión total, por tanto, es urgente poder dinamizar la economía”, explicó el vicepresidente de la CChC Concepción, Ramón González.
Cabe destacar que el catastro de la CBC solo considera proyectos de inversión sobre los USD 5 millones, sin incluir desarrollos inmobiliarios habitacionales, concesiones, ni inversiones provenientes de ministerios o municipios. Sin embargo, sí contempla iniciativas impulsadas por empresas autónomas del Estado, como Asmar y EFE.
Frente a este escenario, el gremio también destacó la necesidad de una inversión contracíclica del Estado, mediante proyectos relevantes como la reactivación de los cuatro hospitales paralizados, nuevos corredores de transporte público, el teleférico para Talcahuano y obras de infraestructura que impacten en la calidad de vida de las personas.
González advirtió además que, si bien la reciente ley de permisos sectoriales representa un avance, aún existen cuellos de botella importantes en otras áreas institucionales. “Falta abordar la institucionalidad medioambiental y del Consejo de Monumentos Nacionales, entes públicos que más tiempo demoran en la tramitación de los proyectos en la actualidad”, indicó. En ese sentido, mencionó que en 2024, tramitar un proyecto en el Servicio de Evaluación Ambiental tomó hasta 76,2 meses en la región, versus los 45 meses que promedió el resto del país.
